Desde hace ya bastante años, la evidencia científica de que estamos asistiendo a una perdida de biodiversidad a un ritmo muy alto, tanto en Europa como en el resto del mundo, constituye cada vez más un importante motivo de preocupación de la sociedad. Esto llevó a la aprobación del Convenio sobre Diversidad Biológica en la ya lejana Cumbre de Río (1992), convenio cuyo desarrollo y ratificación por muchos países ha supuesto que la problemática de pérdida de biodiversidad con el paso de estos años ha ido adquiriendo mayor relevancia tanto a nivel político como social, Así, además de ratificar el Convenio de Diversidad Biológica, en el año 2002, los estados signatarios firmaron un nuevo compromiso, que se concreta en “alcanzar una reducción significativa de la tasa actual de pérdida de biodiversidad para el 2010”, objetivo éste que en la Unión Europea fue mas allá, comprometiéndose a “frenar” esa pérdida de biodiversidad también para el 2010. A pesar de fechas y “slogans”, voluntades y compromisos adquiridos, es evidente que esos objetivos no se han cumplido y que seguimos perdiendo especies a un ritmo insostenible, con evidente riesgo incluso de poner en riesgo nuestro actual modelo de vida en el planeta. Entre las diferentes estrategias que se desarrollan para tratar de controlar esta situación, quizás, una de las más utilizadas es la de designar áreas protegidas con el objetivo de preservar muestras de los hábitats y especies de mayor valor, dotando a una superficie definida y delimitada de un régimen especial de gestión que la diferencia del resto del territorio.